LA PRECARIEDAD AVANZA Y LA EDUCACIÓN RETROCEDE

En la Argentina del 2026, tanto el gobierno nacional como el provincial buscan modificar aspectos educativos, mientras que somos el país que: no invertirá en Ciencia Básica este año, se sigue desfinanciado a las Universidades Nacionales, se eliminó el Fondo para Escuelas Técnicas* no hay nuevas becas, ni infraestructura educativa y los salarios docentes congelados que siguen perdiendo ante el encarecimiento del vivir. Pero vamos por partes, cuales son los cambios que quiere el gobierno nacional y cuales son las acciones de la Renovación en Misiones.

Reforma educativa nacional

El proyecto de Ley de Libertad Educativa propuesta por el gobierno busca reemplazar a la Ley de Educación Nacional (LEN) del año 2006, introduciendo cambios sustanciales al sistema educativo. Los aspectos que voy a abordar son el rol del Estado y los principios educativos, el financiamiento, la modalidad de la escuela en casa y los contenidos y autonomía.

En cuanto al primer aspecto, los artículos 1 y 4 expresan claramente los nuevos roles, dónde el Estado pasa a ser subsidiario (significa algo que apoya, refuerza o complementa a algo principal, actuando como una alternativa secundaria o sustituta si la principal falla), la responsabilidad de la educación recae principalmente en las familias y una mayor delegación y apoyo a las instituciones privadas para que brinden la misma:

La familia es el agente natural y primario de la educación de los hijos... el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad..." (Art. 1).

Subsidiariedad del Estado, que actúa como garante... sin sustituir la responsabilidad individual, familiar (Art. 4).

Con respecto al financiamiento, los cambios están centrados en la “demanda” y en la “equidad” entre instituciones estatales y privadas. Es decir, la inversión dependerá de la cantidad de estudiantes (la Ley habla de “el estudiante” y no de “los estudiantes”, resaltando la perspectiva individualista del gobierno) de las instituciones, ya que el término equidad hace referencia a dar según lo que corresponde según el número y no el contexto. Esto abre la posibilidad de un sistema de vouchers o subsidio por alumno:

"Financiar la educación en condiciones de equidad entre instituciones educativas estatales y privadas, mediante criterios basados en el sostenimiento de la institución y centrados en el estudiante..." (Art. 13 inc. c)

En lo que refiere a la “Escuela en Casa” -uno de los puntos más polémicos-, es una de las posibilidades que abre el artículo 77 que plantea la Educación Abierta:

Se entiende por educación abierta aquella que, sin estar comprendida en la estructura oficial de niveles ni poseer certificaciones con validez nacional, promueve el desarrollo integral de la persona... (Art. 77).

Este es un artículo que no establece ni los mecanismos de acreditación, ni de supervisión de la calidad, ni del aprendizaje.

Por último, en lo que comprende a los contenidos y autonomía, se eliminan los Contenidos Curriculares Comunes y los Núcleos de Aprendizaje Prioritario (NAP) de alcance nacional, para establecer contenidos y condiciones mínimas comunes dando primacía a las jurisdicciones e instituciones al respecto:

Establecer y respetar contenidos mínimos comunes... respetando la autonomía institucional y la diversidad de proyectos educativos (Art. 13 inc. b).

Todo esto contrasta con los principios de la LEN que concebía a la educación como un derecho al que todos deben acceder y que el Estado es el principal responsable para el cumplimiento del mismo:

La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional... (Art. 3)

El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral... y garantizar la igualdad, gratuidad y equidad… (Art. 4).

Entonces, así como en los años ‘90 con la reforma educativa de Menem el Estado Nacional buscó desentenderse de las responsabilidades respecto al sistema educativo delegando a las provincias las mismas, la Ley de Libertad Educativa busca desligar aún más al Estado de este rol. Las consecuencias de la aplicación de la nueva ley profundizará las desigualdades existentes, pero ahora no solo será entre provincias, sino entre los que puedan o no pagar una educación de calidad.

Sin dudas que también hay una destrucción de lo común, ya que no se busca construir un proyecto como país desde la educación, se deja a la misma librada a la suerte de cada uno, subordinada al rédito económico, dejando de lado la esperanza de progreso y a la misma como una vía de movilidad social ascendente. En otras palabras, es un sálvese quien pueda.

Disciplinamiento en Misiones

Lejos de cuestionar los ajustes educativos a nivel nacional, el gobierno de Misiones (de manera idéntica a lo ocurrido en la década de 1990) elige acoger las políticas educativas nacionales, utilizarlas como excusa para desfinanciar a las escuelas, a los trabajadores de la educación y a los programas, y además someter al personal a mecanismos de control y sanción para implementar las medidas propuestas y exigidas desde la Nación.

De acuerdo a un Informe de Argentinos por la Educación** entre los años 2023 y 2024 21 provincias del país redujeron su gasto en educación y cultura. El deterioro del financiamiento educativo fue una constante en la última década, pero está aceleración anticipa una crisis en la educación pública. El informe mencionado destaca que Misiones en el año 2024 se registró una caída real del 32,3% en el gasto educativo, una de las reducciones más altas en el país. La caída no se compone sólo del presupuesto destinado a salarios, sino que el ajuste también recayó en otros componentes del sistema educativo como infraestructura, programas, recursos pedagógicos y personal no docente.

Además de lo mencionado, nuestra provincia se mantiene en los primeros puestos en lo que refiere a peores salarios docentes de Argentina. El deterioro del poder adquisitivo de los docentes que trabajan en Misiones hizo que el sueldo equivalente a un cargo no cubra ni la mitad de una canasta básica total y apenas cubra la canasta básica alimentaria. Esto denota que los docentes, trabajando todo el mes, no llegan a cubrir sus necesidades básicas con los sueldos. Para sobrevivir, deben tomar otros cargos (si tienen la posibilidad) o tener otros trabajos. El ajuste sobre los ingresos no es una particularidad del último año, la pérdida de poder adquisitivo fue constante en esta década (siendo menor en algunos periodos gracias a la lucha docente), pero el ataque en los años recientes demuestra una mayor agresividad.

Ante esta situación, gran parte de la docencia misionera demostró no ser cómplice del ajuste a la educación y se manifestó en reiteradas ocasiones. En las calles, aguantando el frío, las lluvias, el húmedo calor, insultos y persecuciones los reclamos buscaban obtener respuestas y canales de diálogo. No obstante los gobiernos provincial y nacional habían decidido avanzar con sus políticas educativas y el desmantelamiento de la educación pública. Para ello profundizaron un proceso de criminalización de la protesta y disciplinamiento que se vió reflejado de manera clara en al menos dos puntos que pretendemos destacar: la condena a los maestros Leandro Sanchez y Mónica Gurina y las modificaciones en la hoja de concepto.

El último punto fue un mecanismo administrativo por el cual avanzaron en la gestión de los conflictos, -o mejor dicho- a través del que buscaron reducir las protestas y paros escolares sin diálogo y sin una mejora en las condiciones laborales. Una de las funciones de la hoja de concepto se refiere a la evaluación del desempeño docente durante el año. Los resultados de dicha evaluación inciden en el puntaje y con ello en las posibilidades de competir por cargos y titularizaciones. En el 2025 el Consejo General de Educación, sin diálogo previo, decidió digitalizar la misma impulsando la implementación del Registro Anual de Desempeño Profesional Docente y No Docente (RADP) en formato digital. Si bien la digitalización es algo positivo y puede ayudar a reducir tiempos administrativos, la modificación trajo consigo otros cambios incorporados. El más polémico de estos fue el punto que establecía descuentos de la nota en la hoja de concepto por inasistencias justificadas (como pueden ser las licencias por enfermedades).

En la implementación del RADP no existió el aviso previo y este criterio modificado fue en contra del Estatuto Docente. El punto no debe pasarse por alto, se trata de una señal del avance en los mecanismos de disciplinamiento y control. En un contexto de ajuste, estos dispositivos no son neutrales sino que adquieren una centralidad a la hora de regular el trabajo docente y el conflicto social. Se trata de una reconfiguración de la relación laboral que va en detrimento de los trabajadores sin tener como objetivo claro una mejora en la calidad educativa.

Los reclamos en torno a la hoja de concepto hicieron que el CGE dé la palabra de modificar o establecer mesas técnicas para trabajar algunos puntos. De todas maneras, la implementación de este nuevo sistema trajo múltiples reclamos de los docentes que no tenían una explicación clara sobre sus puntajes y que además vieron acotados los tiempos de reclamos para modificaciones.

El otro punto destacado, es la condena de los maestros Gurina y Sanchez, que incluyó meses de prisión en suspenso y reglas de conducta, que por su gravedad marca un punto de inflexión en la historia provincial reciente, ya que un reclamo por mejores condiciones salariales derivó en una causa judicial y en la condena de trabajadores desconociendo por completo el derecho a la protesta social. No estamos frente a un proceso judicial más, este busca ser un antecedente que justifique una manera de actuar en contra de los trabajadores que reclaman por mejores condiciones. En un contexto de crisis económica y con una reforma laboral a punto de ser tratada, la persecución e instauración de temor parece ser el camino elegido por nuestros gobernantes en su relación con los trabajadores.

Durante el mes de noviembre del 2025 se llevó a cabo el juicio contra los maestros mencionados. En el mismo ambos fueron declarados formalmente culpables de desobediencia judicial y entorpecimiento de los medios de transporte por tierra. Lo que está detrás es la persecución política y el disciplinamiento de la población.

En complicidad con la justicia y con los medios de comunicación de mayor llegada, con el proceso judicial y las condenas pretenden criminalizar el acampe de los trabajadores ocurrido en el 2024. Una manifestación que demostró ser multitudinaria y pacífica, caracterizada como un delito sin pruebas concretas (sólo el testimonio de agentes de la policía y un comerciante que no presentó los papeles que justifiquen su palabra) identificaron a Gurina y Sanchez como los líderes e impulsores de un proceso que tuvo como característica para la toma de decisiones al debate asambleario. Ambos maestros son dirigentes sindicales y por su lucha son importantes, pero para la condena fijaron sobre ellos responsabilidades y culpas con el fin de desplazar el conflicto del campo de la negociación colectiva y la disputa política al judicial, donde predominan lógicas individualizantes y punitivas.

Esta criminalización de la protesta también busca deslegitimar los reclamos sociales, presentarlo como una alteración al orden público o como un hecho delictivo. De esta manera, pretende que no se hable de la crisis presupuestaria, del ajuste constante, de salarios de hambre o de escuelas que se caen a pedazos, sino que, con apoyo de los medios, catalogan los reclamos y a docentes de manera peyorativa, queriendo que personas que salieron o quieran salir a las calles a pedir mejoras sean vistos de manera negativa y su persecusión esté justificada.

En este caso la condena fue sobre dos personas, pero la participación en el misionerazo fue multitudinaria. La búsqueda de silenciar las voces y castigar demuestra la predisposición del Frente Renovador misionero (que influye en la justicia y maneja los medios) de avanzar en el ajuste en la educación y en la precarización laboral utilizando todos los medios que estén a su alcance.

Los fallos judiciales fueron apelados y, tanto la docencia como la población en general, observaron la injusticia de este proceso. La protesta social es un derecho y como tal debe ser defendido. El acampe, lejos de ser un delito significó una demostración de que la lucha colectiva es el camino, que se debe pelear por lo justo y que los docentes buscaron abrir los canales de diálogo. Esto hay que recordarlo ya que el panorama sigue siendo oscuro. Hoy, hay docentes que no cobraron lo trabajado hace más de 4 meses, deudas a quienes trabajaron en programas educativos, una continuidad en el deterioro de los salarios y reformas educativas que no benefician ni a docentes ni estudiantes. Al igual que en 2024, la unión y la salida a la calle siguen siendo las herramientas más efectivas para hacer frente a las injusticias y demandar el diálogo para la toma de decisiones.

Si bien lo tratamos como dos puntos separados, la modificación en la hoja de concepto y la criminalización de la protesta forman parte de un mismo dispositivo que pretende regular las relaciones laborales. Son dos medios, uno administrativo y otro judicial, que reflejan cómo el Estado provincial interviene en el conflicto docente en un marco de ajuste y crisis económica. Ante está situación crítica de la educación ¿Hay alternativas?

Por una educación que salve al mundo

Necesitamos de manera urgente reformar muchos aspectos estructurales de la educación, pero ¿con qué fines? nos acostumbraron a pensar a la educación solo en relación al mundo laboral, donde el acceso y el consumo de bienes materiales pareciera ser su fin último. No obstante, la formación profesional no es el único fin de la educación (o no debería serlo).

La educación en sus antiguos orígenes se concibió como un camino para el cultivo del ser humano en cuanto tal, muy lejos de la idea de una persona como un engranaje más del sistema productivo. En nuestros días, la angustia es una sensación que recorre a la mayoría de las personas, debido a la superficialidad del mundo en el que vivimos, en las relaciones que se tienen, en lo que se ve y consume diariamente. Todos los malestares de la salud mental no aparecieron por generación espontánea.

Entonces, es necesario poner el foco en los problemas existenciales del ser humano, y para ello es necesario darle un lugar primordial a la filosofía, las letras y el arte. Sé que esto puede sonar utópico, pero -al final del día- no dependemos de lo que se puede consumir para ser felices, mucho menos encontrarle el sentido a la existencia de esa forma. Así como una persona enferma del cuerpo daría todo el dinero que tiene con tal de sanarse, así debemos incentivar que sea con la mente y el alma. En una sociedad donde todo puede comprarse y venderse (donde no existe lo sagrado, el amor y la compasión), la vida interior de las personas enferma, generando vidas sin sentido, depresión, consumos problemáticos y suicidios.

Sumado a esto, la educación también tiene un rol fundamental en formarnos como ciudadanos, en hacernos sentir parte de una nación, de una comunidad y un proyecto de futuro. Y por último, la dimensión laboral, que debe articularse con estas otras dos dimensiones de la educación, para que cuando pensemos en el avance de la tecnología y el aumento de la producción, esté a servicio de una sociedad más feliz, justa y solidaria.

Por lo tanto, la educación es la base fundamental donde todo proyecto de nación se edifica, donde se ven claramente la dirección del mismo -los valores de esa comunidad- y si apuesta por un desarrollo integral o para que unos pocos sigan enriqueciéndose a costa de todo un país. En las discusiones que presentamos en esta nota, ni Milei ni la Renovación realizan planteos que apunten a solucionar los problemas educativos, que van desde la no comprensión de textos y las matemáticas hasta la formación docente, entre tantos otros desafíos. Lo único que dejan relucir -tanto el gobierno nacional como el provincial- es destinar menor dinero a la educación y palos a quienes quieran protestar. 

Notas

*El Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional destinó el año pasado $ 37 mil millones a la compra de equipamiento, insumos y materiales necesarios para el funcionamiento de los establecimientos educativos: un 10% de lo que marca la ley. Su eliminación, a través del Presupuesto 2026 afectará a más de 3.800 instituciones y a millones de alumnos del sistema. Fuente: Diario Perfil

**Financiamiento provincial: análisis del presente en perspectiva de la última década: https://argentinosporlaeducacion.org/informe/financiamiento-provincial-analisis-del-presente-en-perspectiva-de-la-ultima-decada/

Fiel creyente de que todas las personas somos intelectuales -como decía Gramsci-, impulso este medio con el fin de generar herramientas para pensar crítica e históricamente. Profesor y Licenciado en Historia. Bostero, fanático de Charly García, Borges y LeBron James.

Soy profesor de historia, estoy intentando ser licenciado y soy papá de tres perritos. Soy hincha fanático de San Lorenzo y, obviamente, amo a Messi (ojalá estés leyendo esto, Messi). Pueden escucharme en "Con El Diario del Lunes", un podcast tan bueno como intermitente que hacemos con amigos, donde hablamos de varios temas.