La Libertad Retrocede y criminaliza las infancias y adolescencias

En la última semana, el debate sobre la disminución de la edad de imputabilidad para delitos volvió a establecerse en la agenda política, mediática y ciudadana. La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. En Argentina, esta edad se estableció en los 16 años, pero el Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich publicó un comunicado donde indica que envió un proyecto de ley al Congreso para bajarla a 13 años. Esta discusión, impulsada principalmente por sectores que buscan instalar, como en 2019, el clamor social en nombre de “mayor seguridad", plantea serios interrogantes sobre la justicia penal juvenil y la verdadera eficacia de tales medidas.

La clave para entender la justicia penal juvenil radica en la prevención y la resocialización, no en la represión. Según Unicef, la experiencia internacional ha demostrado que los sistemas de justicia juvenil basados en la Convención sobre los Derechos del Niño, centrados en la reinserción social, son más efectivos para reducir la reincidencia y la violencia. Bajar la edad de imputabilidad, por el contrario, podría ser un retroceso en términos de derechos humanos y una medida regresiva que no resolvería los problemas de inseguridad. Las cárceles argentinas sirven de castigo, al modo Foucaultiano, no reinsertan y, dentro de ellas, los delitos muchas veces se profundizan. Están pensadas para deshumanizar, pero esa es una discusión para otra columna.

Es esencial abordar la justicia juvenil con un enfoque especializado, garantizando un tratamiento diferenciado desde el inicio de la investigación hasta la finalización de la sanción. Esto incluye la necesidad de jueces, fiscales, defensores y equipos técnicos especializados en niñez y adolescencia. La ley debe priorizar medidas no privativas de la libertad y sanciones alternativas, reservando la privación de la libertad solo para casos de extrema necesidad. Este enfoque no solo es más humano, sino también más efectivo y menos costoso.

El debate público a menudo exagera la participación de los adolescentes en delitos. Datos relevantes del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires muestran que menos del 4% de los delitos investigados en 2016 involucraban a adolescentes menores de 18 años, y la mayoría de estos delitos fueron contra la propiedad, no contra personas. Además, bajar la edad de imputabilidad no ha demostrado ser una medida efectiva para combatir la inseguridad en otros países, como lo demuestran los casos de Dinamarca y Georgia.

Los adolescentes en conflicto con la ley son frecuentemente víctimas de cooptación por adultos en actividades delictivas. Por lo tanto, la respuesta debe incluir políticas de seguridad dirigidas a estos adultos y medidas de prevención que eviten la cooptación de los jóvenes. La privación de libertad como medida habitual no ha reducido los índices de delincuencia ni ha prevenido la reincidencia, sino que ha facilitado la socialización en la violencia y la adopción de códigos carcelarios.

Existen alternativas efectivas al encarcelamiento, como programas de acompañamiento territorial personalizado, reinserción educativa, tratamiento de consumos problemáticos y formación en oficios. Estas medidas, aplicadas respetando los derechos y garantías constitucionales, han demostrado ser más eficaces para alejar a los adolescentes del delito.

Debemos centrarnos en no criminalizar las infancias. La prevención del delito juvenil debe estar coordinada con políticas de promoción y protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El problema radica en que una reforma legislativa debe ir acompañada de una fuerte inversión en políticas públicas que garanticen educación, espacios recreativos y formativos, y un entorno libre de violencia. No obstante, en su discurso por bajar el gasto y reducir el déficit, la inversión no suena bien, como si sumar presidiarios no le costara al Estado un buen dineral.

Reducir la edad de imputabilidad no solo es innecesario, sino que podría ser contraproducente. La verdadera solución radica en fortalecer un sistema de justicia penal juvenil especializado y centrado en la resocialización, complementado con políticas públicas de protección y prevención. Solo así podremos construir una sociedad más segura y justa para todos, sin criminalizar a las infancias y adolescencias.

Licenciada en Comunicación Social, apasionada por las ciencias sociales pero también flasheo con la física cuántica. Relativizo todo. Me cuestan dos cosas: los títulos y los finales, pero a veces me ayuda chatGPT. Inquieta, curiosa e intensa (todo lo que veo como algo positivo). Mamá de una gata que llamé Isabel La Gatólica. Feminista y Radicheta.