Esencialidad Educativa ¿Un Avance o un Retroceso?

¿Qué dice la ley?

La ley aprobada por diputados declara la educación como “servicio estratégico esencial” en todos los niveles y modalidades que son parte de la obligatoriedad escolar. Según la ley, tanto el gobierno nacional como los provinciales deberán garantizar que los estudiantes puedan asistir a la escuela durante los días afectados por medidas de acción directa, indirecta, paros o huelgas docentes. Para esto, se propone un sistema de guardias mínimas en las escuelas, que deberán ser del 30% del equipo docente y nodocente en los casos de medidas que sean de 48hs, y si las medidas duran más de 2 días (continuos o discontinuos) las mismas deberán contar con el 50% del plantel. Estas guardias están destinadas a “garantizar el cuidado de los estudiantes, así como la continuidad de las clases y actividades de manera normal”.

Cabe destacar que el gobierno nacional ya intentó 2 veces declarar la esencialidad educativa. La primera vez con el DNU 70/2023, frenado por la justicia junto con el apartado laboral. Y luego, en la Ley Bases donde la propuesta quedó fuera de la ley sancionada. En estos casos el sistema de guardias establecía que el porcentaje del plantel docente que debía asistir era del 75%. No es la primera vez que se plantea en nuestro país a la educación como un servicio antes que un derecho. Sucedió en la década del 90’ en el marco de políticas neoliberales y bajo la sanción de la Ley Federal de Educación. Algunas de las consecuencias se reflejaron en los reclamos docentes que se extendieron en todo el país y que tuvieron sus puntos de mayor conflictividad con la instalación de la Carpa Blanca de los Docentes frente al Congreso. También como consecuencias de esta ley se desarticularon escuelas técnicas y las provincias no contaban con los fondos para pagar a sus docentes. Entonces, observamos que los avances sobre el derecho a la educación no son novedosos; se repiten recetas y medidas que han demostrado fracasar en el pasado si pensamos que el objetivo era mejorar el sistema educativo.

¿Protección del derecho a la educación o control de conflictos laborales?

De acuerdo con la ley y las acciones llevadas a cabo por el gobierno vemos que declarar la educación como esencial no responde a que consideren a esta como un derecho central que busca el desarrollo y la formación. Es más, la ley se limita a quitar el derecho a huelga violando la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Entre líneas comprendemos que las guardias en las escuelas tienen como objetivo más el cuidado de las infancias y adolescencias que la formación de las mismas. Es decir, se plantea a la escuela como un lugar de contención dándole un rol de escuela-guardería donde no importa que no esté todo el plantel, ni las condiciones edilicias, o los salarios de docentes y nodocentes, sino que lo que prima es el interés de que los trabajadores no puedan reclamar, aún cobrando pésimos sueldos y que la escuela sea un lugar en el cuál dejar a los estudiantes sin realmente garantizar el derecho a una educación de calidad.

Lo anterior se refleja en el hecho de que la ley no propone nada para mejorar condiciones edilicias o salarios. Tampoco habla de modificaciones en diseños o presupuestos. Por el contrario, a comienzos de años se dejó de abonar el FONID, cortaron los planes nacionales para mejorar infraestructuras escolares, terminaron la financiación de planes educativos nacionales y despidieron a muchos docentes y profesionales que trabajaban en escuelas o programas vinculados a ellas. Por esto, la decisión demuestra que no existe una preocupación por la educación como un derecho de los estudiantes, sino que, en el marco de medidas de ajuste, pretenden limitar los niveles de conflictividad y descontento en la sociedad.

Al mismo tiempo, fueron pobres los debates en torno al proyecto, los defensores saben que la propuesta ofrece como solución a los problemas educativos la limitación en los paros. Además, comprenden que la culpa de la falta en la calidad educativa no es de los docentes y que hay problemas que se acarrean desde hace años. Sin embargo, la ley centra la culpabilidad en los trabajadores de la educación. Los argumentos a favor buscaron remarcar las consecuencias que tiene la falta de clases en la salud mental de los estudiantes. Para ello, aportaron datos de consecuencias de la pandemia a la cual también atribuyeron las caídas en el nivel educativo. Todo esto con el objetivo de justificar su punto, pero sin tanto sentido si comprendemos, como vimos en columnas anteriores*, que la degradación educativa en el país viene de muchos años previos a la pandemia. Los argumentos en contra son similares a los esbozados anteriormente, se puede sumar a esto que el bloque de Unión por la Patria planteó cuestionamientos sobre inversiones y deudas con la educación y los docentes como si ellos no hubiesen gobernado en la mayoría de los últimos años.

Ahora bien, la ley también plantea dificultades prácticas. Es decir, deja en manos de los directivos la aplicación de las guardias sin saber que se hará con los cursos en los cuales no estén los docentes. Esto se puede complicar más aún en las escuelas secundarias donde hay varios docentes por curso durante una jornada escolar. Todo indica que el personal que está de guardia deberá realizar múltiples tareas cobrando un salario que se degrada de forma constante.

La propuesta carece de lógica por donde se la mire. El único sentido y lo que está detrás es no permitir la huelga e, incluso, enfrentar a la sociedad contra los docentes acusándolos de los problemas que tiene la educación. Un último punto polémico a destacar refiere a que la ley plantea que se deberá cumplir la cantidad mínima de dictado de clases, recuperando en algún momento aquellas que no se dieron. Con esto se abre el espacio para extender los días de clase durante las vacaciones y en este punto no importa si se perdió una clase por paro o por otro motivo, la misma deberá ser recuperada. Nuevamente no propone las formas sino que deja en manos de los distintos niveles de organización la solución. Tampoco la ley plantea que los gobiernos cumplan con la Ley de Educación que establece que el presupuesto del Estado nacional, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinado exclusivamente a la educación, no será inferior al 6% del PBI. Hace años que se incumple con esto e incluso este año se mantuvieron los valores del año 2023 a pesar de la inflación. Cómo conclusión, observamos que el Estado ya acarrea una gran deuda con la educación como para dejar de invertir en la misma castigando a las personas que con sus reclamos lograron que la situación no sea aún más dramática.

Todo lo mencionado refleja lo ya dicho, estamos frente a un avance contra la educación (sobre todo pública) y los derechos laborales de los docentes. Los argumentos esbozados en el parlamento reflejan que poco conocen la mayoría de los diputados el funcionamiento de las escuelas y la realidad de los docentes, que cobran salarios que no cubren la canasta básica y en su mayoría viven en la inestabilidad debido a sus situaciones de interinatos o suplencias.

Contradicciones y oportunismos en los diputados nacionales misioneros

La iniciativa fue impulsada por Alejandro Finocchiaro, ex ministro de educación del gobierno de Macri y diputado por el Pro. La ley se aprobó en diputados con 131 votos positivos, 95 negativos y dos abstenciones. Se espera que en el Senado también sea aprobada, aunque hay algunas dudas debido a negociaciones de otras leyes como la del financiamiento universitario. Acá también observamos una contradicción, declaran a la educación como esencial, sin embargo se niegan a financiar a las universidades.

Volviendo a los votos, dentro de los afirmativos encontramos la gente de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR (con la excepción de Facundo Manes, Pablo Juliano, Marcla Coli y Roxana Reyes), Innovación Federal y otros bloques minoritarios. Los negativos se conformaron en su mayoría por gente de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda.

Todos los diputados misioneros votaron a favor. Ruiz, Vansik, Fernandez y Arrua, del Frente Renovador; Arjol de la UCR, Klipauka (ex JxC, ex Hacemos Coalición Federal) de Activar/LLA y Bianchetti del PRO coincidieron a la hora de declarar la esencialidad de la educación. Llama la atención la actitud de Arjol que cuando se desarrollaban los conflictos docentes en la provincia mostraba su “apoyo” a las manifestaciones y mostraba cierta preocupación por los salarios que en ese momento apenas llegaban a las $250.000. Para apoyar la lucha docente no debe existir un discurso en la provincia y otro en la nación. El sistema educativo tiene sus particularidades y depende del financiamiento de ambos niveles, por lo cual el diputado debe comprender que el problema no es sólo de la provincia. Los diputados del FR mantienen cierta lógica de apoyo a las medidas del presidente y ataque a los docentes. A comienzos de año se negaban a solucionar el conflicto docente, sin siquiera establecer canales de diálogo, Además, son conocidas las pésimas condiciones de muchas escuelas y la situación de los docentes que en muchos casos deben tener más de un trabajo para subsistir con uno de los peores salarios del país. Se espera que los senadores del FR también sean aliados del gobierno de Milei para aprobar la esencialidad educativa y otras leyes en el Senado.

Los representantes que se enfrentan en la provincia votan de la misma manera en el Congreso de la Nación. Esto no es producto de acuerdos para mejorar la realidad misionera, sino que se debe a una mezcla de oportunismo (apoyo al discurso del presidente debido a su imagen positiva) y consenso en lo que refiere a la legitimación de un discurso que culpa a los docentes de la calidad educativa. Para cerrar repetimos algo que debería ser lógico. Para mejorar la calidad de algo que declaras esencial hay que invertir. Un punto de partida puede ser destinar el 6% que está declarado por ley y además mejorar la situación de los docentes, los cuales tienen al paro como una medida de última instancia ante la falta de diálogo y predisposición por parte de los gobiernos. Todos queremos cumplir con los días de clases, pero lo queremos hacer de una forma digna. Esta ley no sólo apunta contra la dignidad, sino que además no tiene como objetivo mejorar la situación. Nuevamente, no se apunta al problema y en este caso ni siquiera se plantea una mínima solución.

*Nota al pie: Pueden profundizar leyendo la columna sobre el futuro de la repitencia en Argentina.

Soy profesor de historia (si saben de alguna vacante, llámenme), estoy intentando ser licenciado y soy papá de dos perritas. Soy hincha fanático de San Lorenzo y, obviamente, amo a Messi (ojalá estés leyendo esto, Messi). Pueden escucharme en "Con El Diario del Lunes", un podcast tan bueno como intermitente que hacemos con amigos, donde hablamos de varios temas.